QUITO
La mañana de ayer, la colaboración de seis militares usando camuflaje, casco y chaleco antibalas fue la sorpresa en un operativo para desalojar 18 locales comerciales, ubicados en la cima de El Panecillo, en el centro de la capital, los cuales no poseían el permiso de uso de suelo, entregado por la Alcaldía Metropolitana.
Los uniformados acantonados en un cuartel del sur de Quito llegaron a la explanada de El Panecillo, cerca de las 09:30, junto a 70 agentes de la policía judicial, comunitaria, metropolitana y antinarcóticos. La comisaria Tercera de la zona Centro, Natalia Granda, estaba al frente del operativo, mientras que el fiscal Patricio García daba cumplimiento a la orden de desalojo.
La idea principal era sacar de la zona a los comerciantes de artesanías que no poseían el permiso para laborar en el lugar, pero, explicó una fuente policial, también se buscaban drogas, armas o artículos robados, ya que existía información de que la banda de la Mamalucha (Luz María Endara) tenía conexión con los vendedores.
Los datos para la incursión policial son parte de la operación Avalancha, iniciada en marzo pasado contra la banda delictiva de los Mamaluchas y los Marialuisas; y por medio de la cual hasta el momento se ha detenido a más de 50 personas y cerca de 100 más son requeridas para investigaciones.
Los perjudicados increpaban con insultos y gritos el trabajo que realizaba el personal de la Policial Nacional y Metropolitana, pero a los militares no se les acercaban. “Contra ellos (militares) sí hay un poco más de respeto. Aun así criticamos que hayan traído tanta gente como si iban a detener a delincuentes”, decía María Cuyo, propietaria de uno de los locales desalojados.
Parte de los militares observaba el procedimiento que llevaba adelante la policía metropolitana, mientras otros trataban de ayudar a juntar la mercadería que fue llevada en varios camiones hasta las bodegas de la Comisaría Tercera.
Al buscar una precisión de cuál era el trabajo de los militares dentro de la operación de desalojo, solo se nos respondió que están para apoyar las tareas operativas. El oficial que comandaba el piquete militar era el único que llevaba un arma en su chaleco, los demás estaban desarmados.
La decisión de que personal militar apoye a las tareas de seguridad y combate al crimen organizado se adoptó en agosto del 2011, pero vuelve a tomar fuerza luego de que el presidente Rafael Correa, el miércoles pasado, durante la posesión del nuevo jefe del Comando Conjunto, Leonardo Barreiro, confirmó la disposición gubernamental de incluir a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana.
Desde la noche del jueves último fue evidente la presencia militar en las calles de la capital. Por ejemplo, grupos de uniformados de las Fuerzas Armadas recorrieron a pie sectores como Solanda o la ciudadela Ibarra, al sur de la capital. Ayer, en la zona roja de La Marín, centro de Quito, militares desarmados caminaban vigilantes ante cualquier novedad. Esa lógica se replicó en otros sectores.
Aunque es total el apoyo a la decisión de que los militares respalden la tarea de seguridad, existe mucha gente que se pregunta cuáles serán las atribuciones de estos uniformados dentro de la vigilancia.
El constructor Carlos Jaramillo afirma que deben definirse las tareas de las dos instituciones de la Fuerza Pública. Así, dice el consultado, se sabrá si las dos tienen las mismas funciones o la una se dedicará solo a vigilar y la otra a operar.
El ama de casa Pamela Albuja sostiene que el incluir militares “en un simple desalojo” es subutilizar al personal y refleja esta falta de definición de tareas.
Leonardo Barreiro
JEFE COMANDO CONJUNTO
“Las FF.AA. seguirán enfrentado con la misma decisión a todos aquellos elementos que afectan a la seguridad interna y externa”.
Los uniformados acantonados en un cuartel del sur de Quito llegaron a la explanada de El Panecillo, cerca de las 09:30, junto a 70 agentes de la policía judicial, comunitaria, metropolitana y antinarcóticos. La comisaria Tercera de la zona Centro, Natalia Granda, estaba al frente del operativo, mientras que el fiscal Patricio García daba cumplimiento a la orden de desalojo.
La idea principal era sacar de la zona a los comerciantes de artesanías que no poseían el permiso para laborar en el lugar, pero, explicó una fuente policial, también se buscaban drogas, armas o artículos robados, ya que existía información de que la banda de la Mamalucha (Luz María Endara) tenía conexión con los vendedores.
Los datos para la incursión policial son parte de la operación Avalancha, iniciada en marzo pasado contra la banda delictiva de los Mamaluchas y los Marialuisas; y por medio de la cual hasta el momento se ha detenido a más de 50 personas y cerca de 100 más son requeridas para investigaciones.
Los perjudicados increpaban con insultos y gritos el trabajo que realizaba el personal de la Policial Nacional y Metropolitana, pero a los militares no se les acercaban. “Contra ellos (militares) sí hay un poco más de respeto. Aun así criticamos que hayan traído tanta gente como si iban a detener a delincuentes”, decía María Cuyo, propietaria de uno de los locales desalojados.
Parte de los militares observaba el procedimiento que llevaba adelante la policía metropolitana, mientras otros trataban de ayudar a juntar la mercadería que fue llevada en varios camiones hasta las bodegas de la Comisaría Tercera.
Al buscar una precisión de cuál era el trabajo de los militares dentro de la operación de desalojo, solo se nos respondió que están para apoyar las tareas operativas. El oficial que comandaba el piquete militar era el único que llevaba un arma en su chaleco, los demás estaban desarmados.
La decisión de que personal militar apoye a las tareas de seguridad y combate al crimen organizado se adoptó en agosto del 2011, pero vuelve a tomar fuerza luego de que el presidente Rafael Correa, el miércoles pasado, durante la posesión del nuevo jefe del Comando Conjunto, Leonardo Barreiro, confirmó la disposición gubernamental de incluir a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana.
Desde la noche del jueves último fue evidente la presencia militar en las calles de la capital. Por ejemplo, grupos de uniformados de las Fuerzas Armadas recorrieron a pie sectores como Solanda o la ciudadela Ibarra, al sur de la capital. Ayer, en la zona roja de La Marín, centro de Quito, militares desarmados caminaban vigilantes ante cualquier novedad. Esa lógica se replicó en otros sectores.
Aunque es total el apoyo a la decisión de que los militares respalden la tarea de seguridad, existe mucha gente que se pregunta cuáles serán las atribuciones de estos uniformados dentro de la vigilancia.
El constructor Carlos Jaramillo afirma que deben definirse las tareas de las dos instituciones de la Fuerza Pública. Así, dice el consultado, se sabrá si las dos tienen las mismas funciones o la una se dedicará solo a vigilar y la otra a operar.
El ama de casa Pamela Albuja sostiene que el incluir militares “en un simple desalojo” es subutilizar al personal y refleja esta falta de definición de tareas.
Leonardo Barreiro
JEFE COMANDO CONJUNTO
“Las FF.AA. seguirán enfrentado con la misma decisión a todos aquellos elementos que afectan a la seguridad interna y externa”.
Fuente: Diario El Universo
No hay comentarios:
Publicar un comentario